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Ruperto Benítez
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Vivimos en el siglo XXI, pero el comportamiento de la única compañía eléctrica que opera en las Islas no dista mucho del de las grandes compañías monopolistas que hacían tabla rasa en territorio colonial. La desfachatez de la compañía Unelco, facción canaria de la ‘acosada’ Endesa, a raíz de la tormenta tropical ‘Delta’ es la consecuencia directa de la falta de competencia en el sector energético insular. Eso pocos lo dudan. Pero la desfachatez se equilibra con la falta de escrúpulos de una clase política canaria que, en muchos casos, tiene sus intereses ‘colocados’ en la eléctrica. Unelco sigue siendo, en muchos sentidos, una compañía estatal, sobre todo por la profunda incompetencia de sus gestores y por la receta del ‘todo vale’ que sigue practicando. La argumentación central de la histórica manifestación de Vilaflor recobra estos días mucho más significado si cabe, dada la falta de previsión de una compañía que, ahora, se ve forzada a soterrar el cableado que se negó a enterrar en su día por ser una solución demasiado costosa, y que rechazó con el consentimiento de las autoridades insulares y regionales. Si los responsables públicos tiene cierta decencia deben forzar la liberalización del sector, obligar a la compañía a indemnizar a las miles de personas afectadas por su falta de reacción y procurar que el libre albedrío del que disfrutan esta y otras empresas en Canarias pase a la historia de una vez por todas.
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