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Tal y como viene denunciando repetidamente Ecologistas en Acción, la contaminación del aire en el Estado español incumple los límites legales para la protección de la salud. La mayor parte de las Comunidades Autónomas niegan esta situación y no toman las medidas adecuadas para subsanarla. Pues bien, por este motivo la Comisión Europea acaba de iniciar un procedimiento de infracción contra España y otros nueve Estados miembros
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Ecologistas en Acción viene evaluando año tras año la calidad del aire en el Estado español. En sus estudios, basados en datos oficiales, se demuestra cómo la mitad de la población española respira aire con índices de contaminación superiores a los legalmente permitidos. Esto tiene unas consecuencias dramáticas: el propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino calcula que por este motivo fallecen de forma prematura en España nada menos que 16.000 personas cada año.
Sin embargo, esta evidencia es negada una y otra vez por la mayor parte de las Administraciones Autonómicas, que son las competentes en esta materia, a menudo acusando a Ecologistas en Acción de exagerar los datos o crear una alarma social injustificada.
La única forma de conseguir reducciones en los niveles de contaminación pasa por la elaboración y puesta en práctica de planes de mejora de la calidad del aire, tal y como exige la ley. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de las ciudades y áreas metropolitanas españolas continúan sin un plan efectivo de reducción de la contaminación.
Muchos de los planes presentados hasta ahora parecen más una simple justificación ante la exigencia legislativa y las demandas sociales al respecto, y obvian cual es su verdadera finalidad: conseguir reducciones en los índices de contaminación, lo que a menudo es sinónimo de reducciones en el tráfico de automóviles –se calcula que cerca del 80% de la contaminación de las ciudades es debida al coche–. También es de destacar la influencia de determinadas instalaciones industriales en algunas zonas sobre la mala calidad del aire, aunque la situación más generalizada es la que tiene al tráfico como principal agente contaminador.
Por su parte, el Gobierno central tampoco toma las medidas necesarias para poner fin a esta situación. Si la principal fuente de contaminación es el tráfico, las medidas lógicas por parte del Gobierno sería, por un lado, suspender su masiva política de construcción de autovías que sigue el Ministerio de Fomento, que no hace sino animar a más personas cada día a usar el coche. Y por otro, elaborar con urgencia una Ley de Movilidad Sostenible, algo que no parece que vaya a ocurrir, puesto que el Gobierno se acaba de decantar por elaborar una Estrategia, sin capacidad coercitiva.
Ecologistas en Acción denuncia la tremenda y llamativa pasividad de la mayor parte de las Administraciones ante este grave problema de la contaminación del aire. Ahora se inicia un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa relativa a las partículas en suspensión. Pero, tal y como están las cosas, será muy difícil que el Estado español cumpla con los objetivos marcados por la legislación para el año 2010, de carácter más restrictivo que los actuales para contaminantes como los óxidos de nitrógeno. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo tremendos problemas de salud.
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