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La aparición de la democracia en España, esta forma de gobierno que tanto predicamento tiene al ser declarada como la menos mala de las formas de gobierno; ha traído consigo, como consecuencia natural, la necesidad de que cada cuatro años los ciudadanos debamos pasar por las urnas para la elección de aquellos a quienes, la mayoría de los votantes, estimen como más aptos para gobernarnos. Es cierto, también, que como consecuencia de la Constitución que nos dimos los españoles, las antiguas regiones y provincias del Estado español dejaron de ser denominadas como tales y se convirtieron, en virtud del acuerdo de los llamados “padres de la Constitución”, en lo que ahora se denominan autonomías. No nos cabe la menor duda de que la intención de quienes pergeñaron nuestra Carta Magna era buena y, quizá, desde el punto de vista de unos políticos que acababan de salir de una dictadura y no las tenían todas consigo respecto al comportamiento del pueblo español, cuando se percatara de que tenía la posibilidad de reclamar supuestos derechos o determinadas contraprestaciones, en virtud de la recientes libertades adquiridas; por lo cual la decisión de aquellos próceres, situándonos en el contexto político del momento, fuera la más adecuada para calmar, de alguna manera, las latentes aspiraciones independentistas de algunas de las antiguas regiones que habían sido mantenidas a raya, hasta entonces, por un régimen totalitario que no admitía que se jugase con la unidad de España y con la solidaridad entre todos los españoles.
El hecho de que el Gobierno central renunciase a una gran parte de sus competencias para cedérselas a las comunidades, especialmente a las llamadas “comunidades históricas”, ha tenido una serie de consecuencias imprevistas para los ciudadanos. Dejando aparte las conocidas disputas provocadas por los insaciables separatistas catalanes y vascos que, como era de esperar, no han dejado de exigir más espacio político, de pedir más y más financiación y de aprovechar los parlamentarios,que consiguieron situar en las Cortes españolas, para chantajear abiertamente al Ejecutivo
– poniéndole en el brete de tener que ir cediendo una y otra vez a las demandas, cada vez más osadas y extremas, de los gobiernos periféricos de Catalunya y el País Vasco, para así conseguir mantenerse en el poder –; una de las particularidades a la que nos ha conducido el hecho de que tengamos, aparte del Central, 17 gobiernos autonómicos; ha sido que, periódicamente, estos gobiernos tienen que ser renovados y ello conlleva la convocatoria de comicios con toda su parafernalia de campañas electorales, mítines, debates y toda esta serie de actos electorales que tanto dinero nos cuestan a los españoles y que tan inútiles llegan a ser porque, en definitiva, quien se lleva el gato al agua suele ser quien ha conseguido sacar el mayor número de trapos sucios a su oponente. Pero es evidente que en tiempo de dificultades de los ciudadanos tales eventos no hay duda que pueden contribuir a agravar las desavenencias entr los españoles y en crear una crispación innecesaria y peligrosa.
Lo que sucede es que si bien en época de bonanza económica, de estabilidad del empleo y de bienestar de los ciudadanos, todas estas fórmulas políticas pueden pasar sin pena ni gloria, con el habitual escepticismo de la ciudadanía, pero con la conformidad pasiva de considerarlo como un rito inevitable al que hay que someterse, sin embargo, cuando el Gobierno de turno se ve asediado por las dificultades que entraña enfrentarse a sus propios errores, defenderse de quienes les reprochan no haber sabido atajar a tiempo la llegada de las vacas flacas y verse ante el evidente peligro de que, el descontento de los votantes, le ponga en la tesitura de perder parte o todo el poder del que se ha hecho poseedor durante los años en que ha gobernado; entonces, señores, todos los procedimientos son aceptables, todas las chapuzas admisibles y todas las jugarretas sucias recomendables cuando, gracias a ellas, se puede socavar la credibilidad de sus oponentes. No se trata tanto de rectificar para mejorar los resultados ni de aplicar medidas que sean las más adecuadas a una determinada situación económica ni, tan siquiera, de cambiar a los gestores para mejorar la imagen del Ejecutivo y darles esperanzas a los ciudadanos de que se van a utilizar ideas salvadoras que conduzcan a una pronta reactivación de la situación del país; no señores, en este caso lo que se busca es adormecer al pueblo, mantener engañado al electorado, hacerle creer que lo que está sufriendo en sus carnes no es más que un espejismo y que lo que le está sucediendo no es responsabilidad del actual Gobierno ( que lleva ya cinco años en el poder), sino que, como dice el inefable señor Blanco, el Pepito Grillo del PSOE, todo lo que nos acontece es culpa del señor Bush y del señor Aznar y, por supuesto, el PSOE ha sido quien, en todo momento ha intentado arreglarlo aunque, podríamos añadir, con nulo resultado.
Regularizaron a millón y medio de inmigrante ilegales, obra del señor Caldera y, su falta de visión de entonces, ha dado lugar a que, ahora que estamos en crisis, están sobrando y ha sido el propio señor Rubalcaba quien ha tenido que apretar las tuercas a la policía para que vaya atrapando a los indocumentados para expulsarlos del país. Antes convenía apelar a la demagogia para aparecer como buenos samaritanos, ahora, no obstante corresponde librarse de ellos porque, los parados oriundos, los desocupados españoles ya empiezan a ver con malos ojos que les quiten el trabajo los venidos de fuera. A medida que el paro se agudice este principio de xenofobia se irá acrecentando y, no sería extraño que, de aquí a unos meses el mismo señor Rubalcaba se vea en la tesitura de tener que extremar las medidas antiviolencia a causa de los posibles enfrentamientos que se puedan producir entre unos colectivos y los otros. Pero ahora, que estamos en vísperas de elecciones, de lo que se trata es de sacar los trapos sucios del adversario político para extender un tupido velo de maledicencia, corrupción, desconfianza y descrédito sobre el partido de la oposición, aunque para ello se deba acudir a aprovechar la oportunidad del momento, a recurrir a la presiones sobre la judicatura y a poner en marcha la prensa adicta para que ponga en marcha el ventilador de los detritus con el fin de dejar embadurnar de inmundicias a todos aquellos que pudieran suponer un obstáculo para que se perpetúen en el poder los de siempre, los eternos vividores a costa del Erario público, en definitiva, los que han conseguido llevar a España a la situación en la que nos encontramos. Inmunda corte de vividores a costa del resto de ciudadanos españoles que debemos favorecer que medren con nuestros impuestos.
Miguel Massanet Bosch
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