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El congreso hondureño aprobó el miércoles el estado de emergencia, mediante el cual se anulan indefinidamente cinco garantías constitucionales, justo en medio de una crisis interna e internacional tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado del pasado domingo.
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Con la suspensión de los artículos 71, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución, los parlamentarios han prohibido el derecho a reunión y asociación, la circulación y manifestación ciudadana. Además, las autoridades tienen un cheque en blanco para acceder a cualquier lugar sin necesidad de una orden judicial mientras dure el toque de queda establecido hasta el sábado de 22:00 a 6:00 hora local.
El diputado Rolando Dubón, del Partido Liberal, manifestó que se había tomado esta decisión ante la sospecha de que hay muchas personas de otros países en Honduras que podrían estar intentado atentar contra la ciudadanía y el nuevo gobierno, según informaron medios locales.
Horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) diese un plazo de 72 horas al Gobierno 'de facto' para restaurar el orden democrático en el país, el Gobierno de Roberto Micheletti advirtió de que no admitirá intervenciones externas a pesar de que recibirá a una delegación del organismo interamericano para explicarle la situación en la nación caribeña.
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