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El ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y otras seis personas han sido detenidas por su presunta implicación en las supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso eólico en Canarias.
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Esta misma investigación llevó hace unas semanas a la apertura de diligencias previas contra el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, quien fue suspendido de su cargo por supuesto trato de favor a un presunto narcotraficante.
De momento, se desconoce los cargos por los que se ha detenido a estas personas, implicadas presuntamente en una trama para beneficiarse de un concurso público sobre energía eólica del Gobierno de Canarias.
El empresario Alberto Andrés Santana Ramírez fue el que destapó el caso, tras presentar ante la Justicia una denuncia que implicaba a Celso Perdomo y a Wilebaldo Luis Yánez.
Según la denuncia de Santana, Perdomo podría haber suministrado información privilegiada sobre el concurso eólico -que hoy por hoy se encuentra anulado- al empresario Wilebaldo Luis Yánez. La denuncia fue interpuesta en marzo de 2005. Santana Ramírez presentó dicha denuncia tras ser despedido de una empresa de Wilebaldo Luis Yánez.
Calma
El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, hizo un llamamiento "a la tranquilidad" ante las detenciones producidas. Martín aseguró que es un asunto que "no le preocupa" al Ejecutivo porque ha paralizado el concurso que dio origen a la actuación judicial.
El presidente del Gobierno canario afirmó "que en una democracia las instituciones públicas, todas, tienen que trabajar con la máxima transparencia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades".
"A la Justicia les corresponden unas, al poder legislativo otras, a las administraciones les corresponden otras y al Parlamento las de responsabilidad" política, añadió Martín.
El presidente del Ejecutivo también dijo que "hay que compatibilizar la presunción de inocencia" con la investigación de los hechos.
Martín advirtió que, "en cualquier caso, lo he dicho, ese expediente, como no se resolvió el concurso nunca, porque el propio Gobierno, el decreto en el que se basaba lo anuló," al Ejecutivo no "hay nada que le tenga que preocupar, y sí que se investigue si existió esa intención" de favorecer a unos empresarios.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, insistió en "la transparencia" del Gobierno de la Comunidad Autónoma al exigir las responsabilidades políticas alrededor de este asunto y confió en que las instituciones públicas "pondrán todos los medios al servicio de la verdad".
Por último, Becerra apeló en primer lugar "a la presunción de inocencia" de las personas detenidas y confió en que todo este proceso será llevado a cabo "con el máximo rigor".
En este sentido, la consejera de Industria del Gobierno de Canarias, Marisa Tejedor, solicitará una comparecencia al Parlamento para informar de las actuaciones de su departamento. La consejera ha asegurado que el Gobierno actuará "con el máximo rigor" y que "no dejará pasar ni una", aunque eso sí, dice que no se apresurará en "hacer leña de nadie" y pide que se deje trabajar a la Justicia.
Comisión
Por su parte, el PP de Canarias reitera la necesidad de que el Parlamento de Canarias comience cuanto antes la investigación del concurso de adjudicación de potencia eólica iniciado en 2004 por la Consejería de Industria Energía y Nuevas tecnologías del Gobierno de Canarias. Los acontecimientos ocurridos durante este jueves, “hacen si cabe, más urgente la misión de la Cámara Regional de esclarecer y delimitar el ámbito de la responsabilidad política y administrativa al que este procedimiento pudiera haber dado lugar”, señaló Larry Álvarez, secretario de Comunicación y Organización del PP de Canarias.
“La confianza de los ciudadanos en sus instituciones es el bien público a proteger por el Parlamento, y por ello, es absolutamente prioritario que la Cámara Regional investigue con diligencia y rigor el procedimiento administrativo sobre el que se ha interesado los órganos judiciales competentes”, dijo el portavoz del PP.
La investigación Parlamentaria y la investigación judicial “son compatibles, y pueden avanzar en paralelo” señaló Larry Alvarez. El PP se ratifica en su iniciativa de que “ se investigue hasta el fondo y cuanto antes los hechos relacionados con este expediente, tanto en el ámbito judicial como en el político”.
“El pleno extraordinario solicitado por el Grupo Popular para aprobar la creación de la comisión parlamentaria es hoy más necesario y oportuno que antes, a la luz de los últimos acontecimientos. Fuimos los primeros en pedir que el Parlamento inicie su propio examen del expediente, y somos los primeros en pedir el máximo rigor y la máxima diligencia posible al Sistema Judicial”, afirmó Larry Álvarez.
“El Partido Popular, por su parte, adoptará en sus órganos competentes las medidas disciplinarias recogidas en los Estatutos del PP”, concluyó Alvarez.
Respaldo
Igualmente, e portavoz de CC, José Miguel González, afirmó que las siete detenciones llevadas a cabo hpor la trama eólica demuestran que la comisión parlamentaria que se constituya no debe limitar su investigación a la Consejería de Industria.
González, en declaraciones a los periodistas, se manifestó respetuoso con las decisiones judiciales y señaló que los hechos han confirmado que no ha sido un error pedir que la investigación no se concentre sólo en la Consejería, sino que abarque a otras administraciones e instituciones.
El portavoz de CC se mostró partidario de la investigación parlamentaria, pero al ritmo adecuado, y consideró que los medios con los que dispone la investigación judicial para esclarecer son superiores a los que dispone el Parlamento.
Como ejemplo citó que las personas a las que se solicite comparecer ante la comisión, tienen la obligación de acudir al Parlamento pero no tienen por qué declarar.
Confió en que la justicia llegue a esclarecer este caso y reiteró la necesidad de separar las responsabilidades políticas, que le corresponde al Parlamento, de las responsabilidades judiciales.
González consideró "disparatado" que el próximo 20 de febrero se convoquen tres plenos extraordinarios para debatir las tres solicitudes de creación de comisión de investigación requeridas por los grupos Popular, Socialista y de Coalición Canaria pero indicó que al parecer el Reglamento de la Cámara no permite otra solución.
Opinó que de las tres solicitudes, la presentada por los nacionalistas es la más lógica.
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