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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias para llevar a cabo la ejecución de la sentencia que condena al Gobierno regional a indemnizarle por impedirle la explotación de Montañetas de Tebeto
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El diputado del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, valora el momento del conocido como “caso Tebeto”, pues a menos que el Tribunal Supremo dé la razón al Gobierno de Canarias, éste se verá obligado a hacer frente a una indemnización de 101 millones, después de que el empresario y dueño de Canteras de Cabo Verde S.A., Rafael Bittini, haya conseguido el aval que le pedía el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para llevar a cabo la ejecución de la sentencia que condena al Gobierno regional a indemnizarle por impedirle la explotación de Montañetas de Tebeto (Fuerteventura).
“Cuando me estudié los antecedentes de este caso me quedé sorprendido de la línea de defensa que se había desarrollado por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, entiendo que siguiendo instrucciones del Gobierno, durante toda la tramitación de este asunto. Desde la fase administrativa hasta la fase judicial”, afirma Pérez.
Cuenta el mismo que “tenía la sensación de que la Administración de la Comunidad Autónoma y los intereses que ella representa estaban muy inermes, muy indefensos”. Aunque reconoce que ahora, en la formulación del recurso ante el Tribunal Supremo, la línea de defensa se ha fortalecido notablemente, observa que el asunto se encuentra ya en otra instancia, y se produce ahora un recurso de casación que no es un nuevo juicio completo, sino que está muy limitado el planteamiento de los asuntos.
“No es un recurso de apelación en el que se vuelve a enjuiciar otra vez todo, y con amplitud de criterio lo que se juzgó en primera instancia. La casación es un instrumento procesal acotado en la línea argumental que puede sostenerse y admitirse en el TS”, explica el diputado.
“La sensación que tengo yo, como la tiene mucha gente, es que los intereses públicos están inermes. Y porque están inermes, al final un empresario privado puede sacar en el plano judicial adelante una reclamación tan escandolosa como ésta. Escandolosa por la importancia que tiene cuantitativa, por el dinero al que se ha condenado a la Administración Autonómica a indemnizar a este empresario”, concluye.
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