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Asegura que el hecho de que el TSJC haya condenado al Gobierno a pagar los 101 millones no quiere decir que tenga la última palabra, porque se puede acudir al Tribunal Supremo
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Francisca Luengo analizó para SB-Noticias las últimas noticias relacionadas con las sentencias desfavorables al gobierno de Canarias y que han costado más de 200 millones de euros de las arcas públicas, en especial los 101 millones que debe pagar en 15 días al empresario Rafael Bittini por el caso Tebeto. Afirma que el gobierno de Canarias está deseando pagar esa cantidad y no defender los intereses generales de los ciudadanos de las islas, que en este caso consisten en no pagar sino en reforzarse todo lo posible para ejercitar todas las acciones legales correspondientes para que no se produzca ese pago.
La diputada socialista se siente escandalizada por determinadas opiniones que se realizan desde el Gobierno, en especial por parte de Martín Marerro, su portavoz, quien declaró que desde el ejecutivo autonómico están tratando de llegar a un acuerdo con el empresario beneficiado cuando es evidente que dicho acuerdo no representa a los intereses generales de los canarios.
Desde su punto de vista, los hechos demuestran que el gobierno de Canarias está deseando pagar a Rafael Bittini, están más por pagar que por defender los intereses generales de los ciudadanos de las islas que en este caso consisten en no pagar sino en reforzarse todo lo posible para ejercitar todas las acciones legales correspondientes para que no se produzca ese pago.
Luengo dijo que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya condenado al gobierno de Canarias no quiere decir que tenga la última palabra, porque se puede acudir al Tribunal Supremo y, por tanto, lo normal y lógico es no llegar a ningún acuerdo con el empresario y no desistir en los recursos ante el Supremo, órgano que puede perfectamente quitar la razón al TSJC, con lo que el gobierno de Canarias no tendría que pagar absolutamente nada.
La diputada socialista reitera que en estos momentos lo que el Gobierno debe conseguir es paralizar el pago de esos 101 millones por el caso Tebeto, no llegar a acuerdos con el empresario y recurrir al Supremo para evitar dañar la economía de las islas y velar de este modo por el interés general de los ciudadanos, posicionándose de una manera clara en torno a la legalidad y no seguir del lado de los intereses particulares adoptando cualquier tipo de acuerdos con el empresario porque de momento no procede ningún tipo de acuerdo, sino esperar a que el Tribunal Supremo se posicione, y luego se verá qué es lo mejor.
Afirma que mientras esto ocurre, el PSOE le propone al Gobierno que tome acciones legales para evitar ejecutar ese pago tan tremendo que estrangula las arcas públicas y que condiciona el futuro económico de las islas. Para ello, en primer lugar, se deben hacer los estudios correspondientes, que no ha hecho Bittini, estudios encargados para ver si hay tracita en donde el empresario dice que sí hay, confirmar además si en caso que haya cuál es la cuantía existente, porque desde las filas socialistas se temen que si no se han hecho las investigaciones pertinentes, probablemente lo que dice Bittini no se corresponda con la realidad, lo que conduciría a emprender nuevas acciones legales, como por ejemplo un recurso extraordinario de revisión, que anularía lo anterior.
Por tanto, a su juicio, lo que debe hacer el gobierno de Canarias es implicarse, apostar en definitiva en defender los intereses generales de la comunidad ejercitando y agotando todas las acciones legales a su alcance que otorga el ordenamiento jurídico para evitar esta sangría de dinero público, sin estar dispuesto a pagar ni a llegar a convenios de ningún tipo, porque eso es situarse de parte del empresario y de los intereses privados.
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