Los empresarios demandan la creación en Canarias de un organismo de certificación de proyectos I+D+I :: Economía y Negocios | Actualidad y Noticias de Economía, Negocios, Tecnología, Exportación :: actualidad,noticias,economia,bolsa,fondos,negocios,euribor,BCE,hipotecas,tipos de interes,IBEX 35
Los empresarios canarios tienen que dirigirse a la Península para comprobar que sus proyectos cumplen con los requisitos de inversión en innovación en el marco de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC)
La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, avalaron esta mañana la necesidad de de que se cree en Canarias un organismo de certificación de proyectos I+D+I, sin coste alguno para la empresa. Una propuesta planteada por el especialista en la Reserva de Inversiones (RIC) y asesor fiscal Salvador Miranda Calderín, quien aseguró que los empresarios canarios deben recurrir a la Península y correr con todos los gastos para obtener el certificado que acredite que su proyecto es de investigación y desarrollo y que, por tanto, puede acogerse a los beneficios fiscales de la RIC.
Esta idea se puso sobre la mesa de la Jornada informativa sobre Cómo Materializar la RIC en I+D+I, que se celebró esta mañana, organizada por Asinca y la Red Cide, en colaboración con la Cámara de Comercio. A su inauguración asistieron el prresidente de ASINCA, Martín Tabares de Nava Durbán, y el director General de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta Antequera, así como con el secretario general del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Jesús Velayos Morales.
Durante la jornada informativa se abordaron las claves de por qué la investigación y el desarrollo no han entrado en los planes de inversión del empresariado canario y, también, las posibilidades que se han abierto con la nueva normativa de la RIC que entró en vigor en enero de 2007.
Salvador Miranda manifestó que “durante un período de ocho años ninguna empresa canaria ha invertido los fondos de la RIC en investigación y desarrollo y no lo han hecho porque el marco legal que regulaba este instrumento del REF no ha sido el más adecuado. Es más, ha sido cicatero”.
Según asesor fiscal y experto en la RIC, el problema no es que la empresa canaria esté anclada en el pasado, porque los negocios de cualquiera de los sectores económicos del Archipiélago, desde la hostelería, pasando por la industria y el comercio, son punteros en la incorporación de nuevas tecnologías. Lo que sucede es que, hasta ahora, han preferido comprarla a terceros antes que gastar el dinero en desarrollarla con sus propios medios.
A pesar de que se puede materializar la Reserva de Inversiones en I+D+I, los empresarios no han optado por esta vía porque la Ley y el Reglamento de la RIC no les han puesto las cosas fáciles. A juicio de Miranda Calderín, “hasta ahora hemos tenido un marco legal absolutamente cicatero, porque aunque se permitía invertir en I+D, sólo se podían materializar los fondos exclusivamente en los gastos del personal y no en los generados por la compra de los materiales necesarios, ni en la amortización de maquinaria, etc. Además, también se dejaba fuera a la innovación como posibles vía de materialización de los fondos”.
El nuevo marco legal, que está en vigor desde enero de 2007 ha abierto nuevas posibilidades y supone un auténtico aliciente para aplicar los fondos RIC en I+D+I. No sólo porque ha ampliado las posibilidades de materializar en distintos conceptos de gasto y deducirlos fiscalmente, sino porque elimina la obligación de contemplarlo como un activo en el balance contable, indicó Miranda Calderín.
Para el presidente de ASINCA, Martín Tabares de Nava, es vital que se den todas las facilidades a los empresarios, “porque la investigación y el desarrollo, junto con la innovación son los pilares de la productividad del negocio a medio y largo plazo”, indicó. Además, resaltó que Canarias debe marcarse el mismo objetivo que ha establecido la Unión Europea: conseguir que la inversión en I+D+I suponga el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2010.
Por su parte, Vicente Dorta Antequera destacó la necesidad de que la inversión en investigación y desarrollo también se dirija a hacia el sector servicios. Según explicó, “hasta ahora ha sido la industria la que más ha acaparado el gasto en I+D. Sin embargo, debemos conseguir que se interesen cada vez más los negocios del sector servicios y también de las pequeñas y medianas empresas del comercio, que son los principales motores de la economía canaria”. En este sentido, destacó como positiva la reciente creación de la Agencia Canaria de Innovación por parte del Gobierno de Canarias.
Los programas de Bonos Tecnológicos que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico forman parte también de los incentivos con los que cuentan los empresarios que apuesten por la I+D+I. Según el secretario del ITC, Jesús Velayos, además de las ventajas fiscales, el gasto en investigación y desarrollo es rentable por sí mismo porque garantiza la modernización de la empresa y le ofrece más herramientas para afianzarse en un mercado cada vez más competitivo. Además, recordó que las empresas pueden materializar sus fondos RIC financiando con ellos proyectos de investigación que desarrollen entidades públicas de la Comunidad Autónoma, como por ejemplo las universidades.
Cifras que hay que cambiar
Hasta ahora, en las Islas, el gasto en I+D+I sólo alcanza el 0,65 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Además, la aportación viene en su mayoría del sector público, ya que el privado sólo representa el 26 por ciento del total.
Las cifras sobre la inversión en investigación y desarrollo de Canarias están muy por debajo de la media estatal, que alcanza el 1,2 por ciento, y más aún de la europea, donde se destina casi el 2 por ciento de la inversión a I+D+I. En este sentido, la Unión Europea se ha marcado el objetivo de alcanzar el 3 por ciento del PIB en gasto de I+D para el año 2010, con una participación de dos tercios por parte del sector privado. En el caso particular de España, el Programa Ingenio 2010, lo ha establecido en el 2 por ciento, con una participación privada del 55%.
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