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El Consejo de Ministros autorizó hoy la firma 'ad referéndum' del protocolo número trece del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte "en todas las circunstancias", y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
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Asimismo, autorizó la declaración que formularía España para el caso de que el Convenio fuese extendido por el Reino Unido a Gibraltar, para "dejar clara" la posición de Madrid sobre el estatus del territorio no autónomo de Gibraltar y el carácter local de sus autoridades.
"En España, la pena de muerte fue abolida por la Constitución en su artículo 15", recordó el Gobierno. Quedaba, sin embargo, la posibilidad de que se hiciera una excepción a dicha disposición en tiempos de guerra, "posibilidad que quedó subsanada por la Ley Orgánica de 27 de noviembre de 1995, que abolía la pena de muerte establecida en el Código Penal Militar, único texto legal que la contemplaba como pena imponible a ciertos delitos cometidos en tiempo de guerra", prosiguió.
El protocolo número 13 abarca los siguientes apartados: abolición de la pena de muerte de forma total y absoluta; prohibición de excepciones y reservas; aplicación territorial; relaciones con el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; y firma, ratificación, entrada en vigor y funciones del depositario.
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